- Además de ser inconstitucional, representa un grave retroceso para la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información
- Exhorta a sus compañeros senadores para que antepongan el bienestar colectivo y razonen su voto
AGUASCALIENTES, AGS.- La senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, señaló que la iniciativa de reforma aprobada en la Cámara de Diputados debido a la mayoría de Morena en la cámara baja, que otorga a la Secretaría de Gobernación la provisión del servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, y que se encuentra en el Senado de la República para ser ratificada o rechazada, es inconstitucional además de representar un grave retroceso para la libertad de expresión, la democracia y el derecho civil a la información.
“El llamado es que en la cámara alta, razonemos nuestro voto en función del respeto a la legalidad, y antepongamos el bienestar colectivo; es muy delicado avalar este proyecto de iniciativa que va a coartar la libertad de expresión que con tanto trabajo hemos ganado y construido todos los mexicanos, porque sobre ella se ejerce la democracia; la regulación de los medios públicos de comunicación debe ser ajena a los gobiernos”, sentenció Márquez Alvarado.
Previo al inicio de la sesión ordinaria de este martes, la legisladora federal resaltó que la minuta aprobada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, otorga atribuciones a la oficina de la Presidencia para que defina las políticas de tecnologías de información y la estrategia digital del gobierno federal, lo que es facultad del órgano regulador en la materia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), libre y autónomo, creado a partir de la reforma constitucional del 2013.
Finalmente, resaltó que esto es un intento por sectorizar y restarle autonomía a los medios públicos de comunicación, lo que va en contra de tratados internacionales pues para que estos sean una auténtica pluralidad, un acceso a la educación y a la cultura, deben ser independientes de cualquier organización política o de gobierno, recordando que los medios públicos son de la sociedad y del Estado Mexicano, no del gobierno federal.