GUADALAJARA, JAL.- Con el objetivo de evitar la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica de quienes integran pueblos originarios y de la comunidad sorda, la Fiscalía del Estado cuenta en las filas del servicio público a profesionistas con especialidad en lenguas maternas y lengua de señas mexicana.
El equipo de trabajo lo integran cuatro peritos expertos en lengua Náhuatl y lengua Wixárika, además de lengua de señas mexicana, quienes están asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos y adscritos a la Dirección de Audiencia Pública.
Las actividades principales que realizan son de interpretación, atención directa al ciudadano, acompañamiento a la población vulnerable, gestiones para el acceso a la información de la víctima u ofendido, asesoramiento, orientación y/o acompañamiento en asuntos de índole penal.
Este equipo de trabajo especializado ha impartido cursos sobre derechos y comunidades indígenas del Estado de Jalisco a 480 servidores públicos, entre estos a actuarios, ministerios públicos, policías investigadores y personal administrativo.
Han interpretado su lengua materna para autoridades tradicionales con las que se colabora en asambleas a 355 personas de comunidades en los municipios de Tuxpan, Bolaños, Villa Guerrero y Mezquitic.
En el rubro de la lengua de señas mexicana, 16 personas sordas han sido atendidas con asesoría jurídica en delitos por lesiones y/o robo de vehículos; lo anterior en lo que corresponde a la actual administración.
Recientemente, los peritos especialistas en la materia han realizado traducciones de la Cartilla de Derechos de los Detenidos, así como del protocolo de atención y protección a víctimas, testigos y ofendidos del delito en Náhuatl y Wixárika.
Cuentan con material audiovisual e impreso con información primaria para la atención integral a personas de comunidades indígenas del Estado y a personas sordas.
Cabe señalar que los peritos brindan apoyo en las diversas áreas que conforman la Fiscalía del Estado, donde las personas de comunidades indígenas y personas sordas lo requieran cuando se presentan ante esta dependencia, sin descartar que el servicio se ofrece a otras instituciones con el fin de procurarles el acceso a la justicia con equidad y el respeto al debido proceso.