AGUASCALIENTES, AGS.- El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro aportó los datos de prueba que comprobaron la probable participación de Francisco “N” en el hecho delictivo de privación ilegal de la libertad, el juez de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial lo vinculó a proceso y dictó medidas cautelares en su contra previstas en las fracciones I, V, VII y VIII, estableciendo como plazo para el cierre de investigación tres meses.
Los hechos que motivaron la carpeta de investigación en su contra tuvieron lugar el miércoles 6 de enero del año en curso, cuando el imputado se encontraba en el fraccionamiento La Ribera, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo, en compañía de la víctima; derivado del uso de la fuerza moral la privó de la libertad, al mismo tiempo que cerró la puerta de acceso del lugar donde se encontraban.
Consumada la privación de la libertad, el imputado intimidó a la víctima con una varilla golpeando los muebles que se encontraban en el domicilio; de acuerdo a los datos de prueba, en dos distintas ocasiones la pasiva fue buscada, pero Francisco negó en todo momento que ella se encontraba con él.
El hecho delictivo se prolongó hasta las 12:20 horas del jueves 7 de enero, cuando el imputado fue detenido por oficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Francisco de los Romo; fue hasta ese momento cuando la víctima recuperó su libertad.
En audiencia, el AMP hizo de su conocimiento al imputado de que la Fiscalía General del Estado se encontraba realizando una investigación en su contra por el hecho delictivo de privación ilegal de la libertad.
En audiencia, los datos de prueba fueron presentados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, mismos que fueron suficientes para que el juez de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Francisco por el hecho delictivo de privación ilegal de la libertad.
Las medidas cautelares impuestas comprenden la presentación mensual ante el juez; prohibición de salir sin autorización del país, así como de la localidad en la cual reside; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima.