AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través del trabajo coordinado de la agente del Ministerio Público y de elementos de la Policía de Investigación Criminal, obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, cometido con violencia moral y mediante el uso de arma de fuego.
De acuerdo con los datos contenidos dentro de la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo del año 2026, en el fraccionamiento Hacienda San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, cuando el ahora imputado abordó el vehículo de la víctima y presuntamente le colocó un arma de fuego en la cabeza.
Durante la agresión, el señalado le manifestó a la víctima que venía de privar de la vida a una persona, exigiéndole que lo trasladara a la Central Camionera y que le entregara sus pertenencias, advirtiéndole que de no hacerlo le dispararía.
Bajo dichas amenazas, el imputado presuntamente logró apoderarse de una cantidad de dinero en efectivo y de un teléfono celular propiedad de la víctima.
Tras la denuncia presentada por la persona afectada, la agente del Ministerio Público inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes, integrando los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del probable responsable.
Como resultado de las diligencias de investigación, elementos de la Policía de Investigación Criminal lograron establecer la identidad de Ángel “N”, obteniendo posteriormente una orden de aprehensión en su contra.
Dicho mandato judicial fue cumplimentado al interior del Centro Penitenciario, toda vez que el señalado ya se encontraba vinculado a proceso por diverso delito.
En audiencia inicial, la Representación Social formuló imputación en contra del detenido, exponiendo ante la jueza de Control los datos de prueba obtenidos durante la investigación, mismos que permitieron que la autoridad judicial resolviera dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.
Asimismo, la autoridad jurisdiccional impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.