La Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes representa un avance, no es un ordenamiento procesal y se limita a enumerar obligaciones: Adrián Rodríguez
AGUASCALIENTES, AGS.- El senador Martín Orozco Sandoval hizo frente a la preocupación de familias y organizaciones civiles de aguascalentenses, en torno a recientemente aprobada Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, dejando en claro su determinación de decidir siempre por el bienestar de la sociedad y asegurar la protección permanente de quienes representan el futuro del estado y de México.
Durante el análisis a la Ley con integrantes de la sociedad, contando con la participación de Adrián Rodríguez Alcocer, investigador egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Martín Orozco reconoció el interés y sensibilidad de los mexicanos para atender un asunto que es fundamental en el desarrollo de la nación.
Ponderó las voces que se hacen escuchar, sobre todo de la sociedad civil organizada, y subrayó que las familias deben ser protegidas porque de ahí surge una mejor sociedad.
Indicó que promover los valores humanos, procurar el adecuado desarrollo de la niñez y adolescencia, así como la protección de las familias, representan alternativas eficaces para prevenir los grandes problemas que pueden complicar el óptimo desarrollo de la nación.
“Si no volteamos y atendemos a lo que es la base, a lo que es lo más importante que son las familias mexicanas, el país podrá perder un rumbo de desarrollo y de bienestar”, comentó.
Adrián Rodríguez Alcocer, especialista en temas de la familia y de la defensa de la vida, expuso que la nueva Ley representa un avance en el orden jurídico con respecto al marco legal previo.
“Tiene la trascendencia de mejorar un poco la comprensión de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Creo que con voluntad política y con trabajo de las entidades encargadas de implementarla puede ser una ley muy beneficiosa. Depende un poco ya de la voluntad de quienes están encargados de implementarla”, agregó.
Reconoció la importancia del análisis que hace el senador Martín Orozco con los sectores de la población, “porque muchas organizaciones de la sociedad civil conservaron un poco la idea antes de los cambios que se formularon en la Cámara de Diputados con una Ley que sí era amenazante para los derechos de los padres. La realidad es que esto se eliminó”.
Puntualizó que no es una Ley procesal y se limita a enumerar derechos. Prevé para el efecto la creación de algunas instituciones como las procuradurías de defensa y les otorga atribuciones para coadyuvar en la representación de las niñas y los niños.
En cuanto a la controversia derivada de los temas de índole sexual, precisó que todos son asumidos de la perspectiva de la salud y además, que se permite a los padres educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y creencias, lo cual es respetuoso sobre los derechos que asisten a los integrantes de las familias.
Rodríguez Alcocer aclaró que los derechos sexuales y reproductivos de la infancia no están definidos y es un concepto en construcción tanto a nivel nacional como internacional.
Detalló que la iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República, no incluía originalmente el término de derechos sexuales y reproductivos ni algunos otros elementos que se añadieron en el Senado por legisladores del PRI y PRD, porque se identificó que podrían ser invasivos de la patria potestad de los padres o tutores en materia de educación de sus hijos.
Al mismo tiempo reconoció como un importante avance la clarificación del derecho a vivir en familia. “Ahora está centrado en el menor. No está pensado si los adultos tienen o no tienen derecho a adoptar o a recibir un hijo, sino más bien de que el niño o el menor tiene derecho a vivir en una familia”.
Además revela explícitamente el derecho a la vida de las niñas y los niños, y por primera vez se integra en la ley el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y convicciones, mismo que sólo existía en el pacto de derechos sociales y políticos. “Lo que se busca aquí es que no se lleguen a casos extremos, pero que sí se respete la posibilidad de la autodeterminación religiosa y cultural de las familias”.
Destaca además que el trabajo infantil queda prohibido hasta los 15 años y se prevé la posibilidad de que, quienes explotan o utilizan a los menores para beneficios económicos puedan perder la patria potestad.
Adrián Rodríguez, quien es TAD (Think-Action-Development) e investigador egresado del CIDE reconoció que falta mucho por hacer en torno a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como es el fortalecimiento de la inclusión de los menores con discapacidad.
También, equilibrar la protección de la integridad de menores de edad en el manejo de la información e imágenes en los medios de comunicación, sin afectar la libre expresión