AGUASCALIENTES, AGS.- Los candidatos del PRI al Senado, Lorena Martínez y Gustavo Granados; acompañados del abanderado al Distrito 02 federal, José Carlos Lozano y la candidata al distrito local V, Laura Salinas, presentaron sus propuestas en materia de reformas para prevenir y sancionar más severamente la violencia intrafamiliar y de género en México y Aguascalientes.
Las familias, que constituyen nuestra célula básica social fundamental, es escenario natural de muchos de los fenómenos de violencia que contribuyen a la descomposición del tejido social.
Los grandes dramas sociales que hoy sufren las sociedades modernas desgraciadamente empiezan en el seno de las familias.
Fenómenos de violencia hoy ampliamente extendidos, como la que sufren las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños, provienen de familias que padecen cuadros de disfuncionalidad y desintegración.
En el caso de las mujeres, para iniciar un breve repaso por ésta lacerante realidad, por desgracia los resultados no son nada halagüeños.
La violencia contra las mujeres se sigue presentando en todas sus modalidades, y lo que resulta casi inconcebible: las estadísticas oficiales demuestran que Aguascalientes está en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a recurrencia de ciertas clases de violencia contra las mujeres.
En un estado donde nos enorgullece asumirnos gente buena, estos vergonzosos primeros lugares son una triste paradoja.
Veamos para muestra estos indicadores según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016:
Aguascalientes es el tercer estado con más violencia en el país en contra de mujeres, con un 49.85%
Y el primero en violencia económica o patrimonial con un 25.42%.
En el ámbito familiar, los agresores más frecuentes son los hermanos, el padre y la madre. Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.
La violencia se ha ejercido primordialmente en la casa de las agredidas y en la de algún otro familiar.
Por lo que respecta a violencia comunitaria contra las mujeres, la prevalencia nacional es de 38.7%, y las entidades con cifras más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro: ¡Nuevamente el cuarto lugar! Este tipo de violencia en los espacios públicos o comunitarios es predominantemente de índole sexual.
Por lo que respecta al ámbito de pareja, las entidades federativas con mayores índices de violencia son: Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca. Esto es: un deshonroso tercer lugar para nuestro estado.
Pero veamos que sucede con las personas adultas mayores: Se estima que un 20% de los adultos mayores en Aguascalientes sufren de violencia familiar y maltrato psicológico. Un dato que nos debe preocupar por igual.
Los tipos de violencia que sufren los adultos mayores son: 70.4% les han dejado de hablar; a 37.9% les han gritado, insultado u ofendido; a 24% les dejaron de dar dinero, a 20.9% los dejan solos o los abandonan, y por último, 32.2% padecen otras clases de violencia, como amenazas, golpes, discriminación y falta de atención.
Se estima que en 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, de los cuales 2.8 millones, un 20%, padecerán violencia bajo la modalidad de soledad.
Con datos de este año, en el periodo de enero de 2018 hasta hoy, Aguascalientes se ha colocado en el nada honroso cuarto lugar con mayor tasa de maltrato familiar por cada cien mil habitantes, superada solamente por Sonora, Colima y Baja California,
Somos, además, el quinto estado con mayor tasa de casos de violencia de pareja comunicados al 911, con 434 reportes de agresiones infligidas por un compañero sentimental que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores.
En nuestro carácter de candidatas y candidatos a legisladores federales no podemos permanecer insensibles ante tanta injusticia, maldad y dolor. Estamos conscientes que no es fácil abatir de golpe la gama de violencia a que se enfrentan las mujeres en el seno familiar y fuera de él.
Sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazos ante una realidad lacerante que día a día está destruyendo el tejido social, y que ataca a la institución más noble y sagrada como lo es las familias.
Por ello, de cara ante la ciudadanía y ante ustedes los medios de comunicación, hacemos explícitos nuestros compromisos en esta materia:
- Gestionaremos más recursos para erradicar la violencia familiar y de género: Desde el Congreso de la Unión estaremos atentos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se canalicen más recursos para el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Los recursos etiquetados adicionales deberán reforzar el Programa Integral que las leyes de la materia ya previenen, particularmente por lo que respecta a la creación de más Centros de Atención Integral y refugios para mujeres agredidas y sus hijos.
- Promoveremos que sea declarada una Alerta de Violencia de Género en Aguascalientes: Dadas las cifras que las estadísticas oficiales muestran, como legisladores federales promoveremos ante la Secretaría de Gobernación que sea declarada una Alerta de Violencia de Género en el Estado de Aguascalientes a fin de que este problema sea atendido integralmente con todos los recursos legales, presupuestarios y de especialización que su importancia exige.
Sabemos que la impunidad es el caldo de cultivo del delito, pero también debemos aceptar que el silencio y la indiferencia social e institucional son las fuentes de que se alimenta la violencia familiar y de género. No esperemos a que en Aguascalientes escale la violencia contra las mujeres a los grados en que sucedió en Ciudad Juárez, el Estado de México y otras regiones del país.
- Penas más severas para agresores: En su oportunidad, estaremos atentos a que cuando legislemos sobre el Código Penal Nacional Único, propuesto por el candidato José Antonio Meade, sean debidamente tipificados los delitos que más agravian a las familias y a sus miembros, especialmente a las mujeres, y que sus penas y medidas de seguridad se endurezcan.
No podemos aceptar que hoy el delito de violencia familiar permita sin mayor problema el derecho a la fianza para el agresor. Los agresores no deben gozar del beneficio de la libertad bajo caución, porque ello incentiva la espiral de violencia.
- Penas más severas en caso de agresiones de descendientes en contra de sus ascendientes: En esta materia, en tanto siga vigente el actual Código Penal para el Estado de Aguascalientes, promoveremos ante los diputados locales, y con el apoyo de nuestros representantes en el Congreso Local, los cambios que resulten necesarios para combatir la violencia familiar y de género en todas sus formas y modalidades.
Es urgente que la legislación contemple sanciones mayores para delitos cometidos por descendientes contra ascendientes; hay un vacío legal ostensible si sólo se prevén calificativas para delitos cometidos por ascendientes contra descendientes.
Acabamos de conocer el dramático e inaceptable caso de un hijo que violó a la madre, y la ley actual no dispone una sanción mayor: ese desnaturalizado puede recibir un castigo igual como si hubiera violado a cualquier otra mujer (artículo 124 del Código Penal del Estado de Aguascalientes).
- Gestionaremos recursos para la creación de un centro de atención y refugio para mujeres agredidas en cada municipio: En la misma tesitura, estaremos atentos para que el Instituto Aguascalentense de las Mujeres y sus similares en los Municipios, cuenten con todos los elementos necesarios, de índole material y profesional, para llevar a cabo sus tareas al frente de los Centros de Atención Integral y los refugios para mujeres agredidas.
- Pugnaremos por mejores sistemas de información en materia de violencia familiar y de género: Vigilaremos que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres realmente funcione como lo mandata la ley. En la lucha efectiva contra la violencia, necesitamos un padrón de agresores, completo, actualizado y confiable.
- Más capacitación para una real independencia económica de mujeres agredidas: En términos de la legislación de la materia, promoveremos que en todos los casos que así lo soliciten las mujeres en los Centros de Atención Integral y en los refugios, éstas reciban capacitación técnica y empresarial a fin de que estén en condiciones de obtener su independencia económica a través un empleo o autoempleo .
Para facilitar esta acción, las adecuaciones a la ley deberán contemplar la posibilidad de que, mediante acuerdos y convenios con Universidades e Instituciones de Educación puedan ofrecerse cursos, talleres y servicios de orientación psicológica, empresarial y educacional con intervención de especialistas y prestadores de servicio social.
- Más recursos para créditos a la palabra: Asimismo, desde el Congreso de la Unión promoveremos más recursos etiquetados para que sea una realidad lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, por cuanto a más créditos a la palabra para ser víctimas de violencia familiar y de género.
- Impulsar más capacitación a jueces y policías: Debemos revisar a detalle la legislación penal, pero también las infracciones administrativas y el desempeño de la llamada Justicia de Barandilla. Los policías y los jueces cívicos deben recibir una capacitación específica en materia de violencia hacia las mujeres, pero, sobre todo, de sensibilidad ante el problema, a fin de que atiendan, resuelvan y sancionen cada caso bajo una perspectiva de género.
- Promoveremos una reforma al artículo 21 de la Constitución Federal en materia de Justicia Administrativa: En este sentido, desde el Congreso de la Unión promoveremos una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se aumenten las sanciones por las infracciones previstas en los reglamentos gubernativos y de policía cuando se trata de conductas de violencia familiar y de género.
Arresto por un máximo de treinta y seis horas y multa por el equivalente a un jornal, nos parecen sanciones escasas y ridículas ante el tamaño y la gravedad del problema. Sanciones así no desalientan la reincidencia, no protegen el bien jurídico tutelado consistente en la seguridad y dignidad de las mujeres, y por el contrario, estimulan al sujeto activo a seguir agrediendo. Este punto se puede juntar con el 3.
- Terapia obligatoria para agresores: En todos los casos de violencia familiar y de género la ley debe contemplar la obligatoriedad para las autoridades y los agresores, de ofrecer y tomar terapias psicológicas y educacionales, impartidas por expertos.
- Por un sistema de protección que garantice eficacia cautelar: Por otra parte, se deberá mejorar y perfeccionar el sistema normativo y operacional previsto en la legislación, en materia de órdenes de protección cautelares y precautorias. Debe ampliarse su marco y hacerse más efectiva su ejecución.
No basta con que sean expedidas, es urgente que para evitar la actualización del hecho violento, sean inmediatamente notificadas al posible agresor, a través de los medios más directos y accesibles, incluso tecnológicos, como lo puede ser el teléfono, el correo electrónico o el WhatsApp. Un aviso a tiempo al celular o al correo de un violento, mediante el que la autoridad haga saber al agresor que hay una queja o denuncia en su contra, podrá salvar una vida.
- Impulsar recursos y políticas públicas para la prevención social de la violencia familiar y de género, atendiendo sus causas desde la raíz cultural y de convivencia familiar y de las parejas.
Aguascalientes es una tierra que durante muchos años ha sido ejemplo nacional de desarrollo económico, de paz laboral, bienestar social, y progreso sostenido.
Sin embargo, hoy la realidad nos dice que no todo va bien. La inseguridad pública se ha disparado; las autoridades estatales han perdido el control en las colonias, donde los asaltantes y las bandas de criminales extienden sus dominios; los indicadores económicos reflejan una baja en la inversión pública y privada; los salarios disminuyen; los empleos se pierden; no hay rumbo para el desarrollo del estado. Y en este escenario nada alentador, tenemos el recurrente fenómeno de la violencia familiar y de género, donde las mujeres y las familias llevan la peor parte.
Esos primeros lugares a nivel nacional en las modalidades de violencia de pareja, laboral y escolar, son una afrenta y una tilde inaceptables. Aguascalientes no lo merece.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y esa responsabilidad es más urgente e inaplazable cuando se trata de su población más vulnerable, porque la violencia familiar y de género obedece a usos, costumbres y tradiciones que sólo el cambio cultural puede revertir. Y en este proceso el Estado mexicano tiene mucho por hacer.
De corazón a corazón, les decimos a todas las mujeres y a todas las familias violentadas que no están solas, que aquí estamos con propuestas concretas, bien diseñadas, que en su momento haremos realidad.