ZACATECAS, ZAC.- Empresarios zacatecanos y productores ganaderos denunciaron presuntos actos de extorsión que estarían afectando a quienes se dedican a producir y comercializar alimentos en el estado, al señalar que integrantes del crimen organizado les exigen dinero por mantener sus negocios o incluso por cada animal que poseen o pretenden adquirir.
A través de redes sociales comenzó a circular la columna del analista Paco Fraile, en la que se expone el impacto que tendría la delincuencia organizada sobre distintas cadenas productivas y comerciales.
De acuerdo con el video compartido, los productores de limón estarían pagando hasta cuatro pesos adicionales por cada kilogramo como parte de las cuotas exigidas por grupos criminales.
En el caso del sector ganadero se denuncian cobros de miles de pesos por cabeza de ganado, además de presuntos controles sobre la venta de fertilizantes y las rutas utilizadas para trasladar los productos.
Las denuncias señalan que esta situación no solamente representa una afectación económica para los productores, sino que termina repercutiendo directamente en los consumidores, debido a que las cuotas ilegales se incorporan a los costos de producción, transporte y comercialización de los alimentos.
Empresarios y ganaderos zacatecanos han expresado preocupación ante un escenario en el que trabajar, invertir y producir implica enfrentar amenazas y pagos ilegales para poder mantener sus actividades.
El reclamo plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando los ciudadanos terminan pagando impuestos al Estado y, además, cuotas al crimen organizado?
“Producir comida no debe ser una sentencia de muerte”, es una de las principales exigencias que acompañan estas denuncias, al considerar que el verdadero fracaso institucional no solamente estaría en la existencia de la extorsión, sino en permitir que los grupos criminales obtengan ingresos de actividades productivas esenciales.
Las denuncias ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para los sectores productivos y garantizar que agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios puedan desarrollar sus actividades sin estar sujetos a amenazas, cobros ilegales o controles criminales sobre sus cadenas de suministro.