Por: Georgina García Lucio
AGUASCALIENTES, AGS.- Un tema que debería de fluir de manera clara y lógica, por la trascendencia que tiene para los ciudadanos, es la rendición de las cuentas públicas por parte de los gobiernos e instituciones, sin embargo, éste sólo ha sido motivo de pugnas entre los grupos políticos para determinar la manera en que éstas se puedan aclarar, pues hace pensar que cada bando lo busca realizar a conveniencia y no con la transparencia que se requiere.
En el Estado, el ente encargado de revisar las cuentas públicas es el Órgano Superior de Fiscalización y el cual es regulado por el Congreso del Estado, pues son los legisladores quienes con base a una terna de aspirantes votan para elegir aquel quien dirigirá dicho organismo, por lo que desde ahí cada grupo político se disputa el puesto para que éste sea ocupado por alguien de su confianza.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su afán de poner reglas claras para transparentar los recursos, determinó que la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas tiene inconsistencias en comparación con la Ley Federal, por lo que exigió que se debe adecuar para evitar actos de corrupción.
Sin embargo, contraviniendo a este punto, el diputado local Enrique García López insiste en desatender lo expuesto por la Suprema Corte, al realizar un posicionamiento ante los diputados en la sesión permanente, donde ordena al Órgano Superior de Fiscalización que deje en manos de las contralorías internas de cada municipio la solventación de sus propias cuentas públicas, permitiéndoles así ser juez y parte del uso y revisión de los recursos de los ciudadanos, causando sospechas cuando existe un “jaloneo” por la revisión de los recursos del municipio de Aguascalientes por la cantidad de más de 300 millones de pesos.
Al respecto, el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez, confirma que las cuentas públicas tanto de los gobiernos y entes descentralizados deben ser transparentados, solventado las observaciones de manera pública y no en “Petit Comité” al buscar que sean las mismas contralorías internas que resuelvan y sancionen los malos manejos o faltantes, es decir, evitar ser juez y parte.
En este sentido, el abogado y ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, reafirma el llamado de empresarios y grupos que buscan combatir la corrupción, que deberían ser apoyados por legisladores locales y lamentó que sean estos mismos quienes buscan hacer todo lo posible por que las cuentas públicas se manejen en lo ‘oscurito’.
El presidente del Consejo de Abogados insistió que éstas se tienen que resolver con transparencia, de manera pública y en caso de encontrar inconsistencias sin solventar, éstas deberán de tener trascendencia legal, “pues si se habla de observaciones millonarias, seguramente hay responsables y es precisamente lo que se debe de investigar y obligar a la devolución en caso de proceder”, aseguró el especialista en leyes.
Finalmente, dijo que el Órgano Superior de Fiscalización tiene por obligación concluir las investigaciones, además de que se le debe demandar eficacia y prontitud a la autoridad anticorrupción, pues son pocos asuntos de los tantos que tiene que hasta ahora se han judicializado.