- Verónica de Luna Prieto fue elegida como nueva titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
- Se avaló reforma constitucional de suspensión de derechos para ocupar cargos del servicio público a personas agresoras de mujeres o deudores alimentarios
- Aprobaron elección de los premios que otorga el Poder Legislativo; votaron reformas sobre derechos de la niñez, reeducación a personas agresoras de mujeres, cobranza extrajudicial ilegal y protección a víctimas
AGUASCALIENTES, AGS.- Se realizó la décima segunda sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, encabezada por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Maximiliano Ramírez, donde fue designada, mediante voto por cédula, la nueva titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia del Estado (ITEA).
De igual manera, el pleno avaló una reforma constitucional contra agresores; además de la elección de los premios que otorga el Poder Legislativo; se votaron reformas en materia de derechos de la niñez, reeducación a personas agresoras de mujeres, cobranza extrajudicial ilegal, protección a víctimas, y se suscribió un punto de acuerdo en materia de paternidad responsable.
Como primer punto del orden del día, las y los congresistas aprobaron por mayoría el acuerdo legislativo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que contiene la propuesta para la elegir a la persona titular del Órgano Interno de Control del ITEA.
Mediante voto en cédula, fue electa Verónica de Luna Prieto, quien asumirá las funciones a partir de la publicación del presente decreto, ejerciendo todos los deberes y facultades que la ley le atribuye por un periodo de cuatro años.
Enseguida, fue aprobado por mayoría el dictamen de la Comisión de Postulaciones, que resuelve el otorgamiento de los premios y medallas del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los premios se concederán por el reconocimiento público de una conducta o trayectoria singularmente ejemplar, por obras o actos valiosos y relevantes realizados en beneficio de la sociedad en el Estado, se entregarán en una sesión solemne el próximo 22 de junio.
Las medallas a entregar son las siguientes: “José María Bocanegra”, le será otorgada al profesor Armando Quiroz Benítez; “José Guadalupe Posada”, para Diana Paloma Mora Herrera; “Palmas Académicas”, para la maestra Raquel Chávez Limón; “Miguel Ángel de Quevedo”, para la doctora Gina Mireya Ventura Ramírez; “Manuel M. Ponce”, será para la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes; “César E. Chávez”, para Paola Cortés Calzada; “Al Mérito Deportivo”, para Christian Garduño Ortiz; “María del Carmen Martín del Campo Ramírez”; para Verona Valencia García; “Carolina Villanueva García”, para la Casa Hogar Avelar Orozco; y Medalla “3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, para Eduardo Gama Abuasale.
De igual manera, el pleno aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, presentada por el Senado de la República.
El objeto de la minuta consiste en incluir como causal por la que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, al tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; pro violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa; asimismo, incluye como requisito para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República ser ciudadana mexicana en ejercicio de sus derechos.
Previo a la votación, la diputada del PRD, Sanjuana Martínez Meléndez, tras manifestarse a favor de esta minuta constitucional, expresó que esta reforma es definitiva y congruente porque exige cero tolerancia contra la violencia y el desprecio de aquellos que no son capaces de tenderle la mano a sus propios hijos.
A su vez, la diputada Karola Macías expuso que esta reforma, conocida como 3 de 3 contra la violencia de género, cierra el paso de manera definitiva a personas que han sido violentadores de género, deudores alimentarios o incluso personas que atentan contra la vida de otros; por lo que a partir de esta modificación “toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público, deberá contar con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual y el derecho de alimentos y políticos electorales”.
A continuación, se aprobó el dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que reforma el artículo 48 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, presentada por la diputada del PRD Sanjuana Martínez; adhiriéndose las legisladoras Genny López, Gladys Ramírez, Nancy Gutiérrez, Mayra Torres, así como los congresistas Emanuelle Sánchez Nájera y Cuauhtémoc Escobedo.
El propósito de la iniciativa consiste en incluir en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres, la materia de reeducación para personas agresoras de mujeres víctimas de violencia de género.
Por otro lado, el pleno avaló el dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la iniciativa de reforma a los artículos 1, 2, 8, 9 y 110 de la Ley de Víctimas para el Estado de Aguascalientes, propuesta por la diputada Mayra Torres.
La reforma establece que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta ley, así como brindar atención inmediata en especial en materia de salud, educación y asistencia social, pues en caso contrario quedarán sujetas a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Enseguida, se avaló el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la iniciativa que reforma al artículo 44 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Verónica Romo Sánchez, integrante del Partido Revolucionario Institucional.
El objeto de la iniciativa consiste en que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes deben velar por el sano desarrollo de este segmento de la población y establece la coadyuvancia entre autoridades estatales y municipales para brindar una vida libre de condiciones de mendicidad a los menores.
Se consideró procedente ya que se genera beneficios para las niñas, niños y adolescentes atendiendo al interés superior de la niñez, porque que es fundamental amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades.
En otro orden de ideas, aprobaron el dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la iniciativa por la que se adiciona el artículo 139 BIS al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, propuesta por la diputada Nancy Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La iniciativa tiene como objeto crear el tipo penal denominado “cobranza extrajudicial ilegal”, con la intención de sancionar a quienes mediante violencia, intimidación y hostigamiento, intentan cobrar el saldo de una deuda contraída, además de aumentar las sanciones a quienes simulen resoluciones judiciales, utilicen documentos o sellos falsos.
Como último punto de los asuntos a dictaminar, se avaló el punto de acuerdo, propuesto por la diputada del PAN, Nancy Gutiérrez, a través del cual el Congreso de Aguascalientes exhorta a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes a adquirir los materiales necesarios para realizar las pruebas en materia molecular genética, requeridas por el Poder Judicial del Estado, dentro de los procesos judiciales de reconocimiento de paternidad.